El pasado martes día 10 celebramos una reunión con un abogado de la compañía PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) sobre el asunto que nos preocupa de nuestra incorporación al ERE. Dicha reunión fue densa y se desarrolló durante un tiempo de algo más de tres horas.
El abogado conocía, relativamente, el asunto y nos pidió que le ilustrásemos algo más. Según su criterio (de lo analizado previamente y de lo completado en el desarrollo de la reunión), las posibilidades nuestras se concentran en demandar a la Empresa por considerar que se ha producido una situación de discriminación del colectivo de menores de 52 años formado por los que no han sido incorporados al ERE con respecto al grupo de los 62 menores de 52 años ya desvinculados de nuestra empresa. Esto se haría a través de un proceso que tutela los derechos fundamentales y que tiene prioridad de atención en los Juzgados y Tribunales, con respecto a otros asuntos, por lo que el tiempo en resolverse judicialmente el conflicto sería muy reducido (se habló de menos de tres meses). De cualquier manera, dicho abogado hizo una muy importante reserva en favor de estudiar el asunto en profundidad, por si existieran otras posibilidades más interesantes de actuación legal en la defensa de nuestros intereses. Él consideró que lo más adecuado sería la realización de un estudio jurídico y una vez terminado éste, proceder a entregarnos un informe legal donde se ratificase en el criterio que nos manifestó en la reunión o, finalmente, estableciera otro distinto si lo considerase más conveniente para nuestros derechos. También nos mencionó sobre la posibilidad de entablar varios procesos judiciales sucesivos y así comentó que reflexionarían sobre la conveniencia de promover, en primer lugar, un proceso de conflicto colectivo. En fin la conclusión es que la materia es muy compleja (a nosotros tres horas apenas nos dio para nada y gran parte de los asuntos quedaron pendientes de desarrollarse en próximos contactos) y requiere mucho trabajo, atención y reflexión. Nos dijo que la realización del mencionado estudio le ocuparía, aproximadamente, tres meses, aspecto éste, del que debemos hacernos idea sobre la dificultad del asunto.
Insistimos en que el abogado continuamente hacía reservas de que todo lo que decía tenía carácter lógico y racional, aunque provisional y de prejuicio y, por tanto, había que darle una importancia relativa porque una vez analizado el asunto exhaustiva y pormenorizadamente se podía llegar a otras conclusiones más convenientes, teniendo en cuenta, además, que en la elaboración del informe iban a participar otras personas (actuación multidisciplinar y en equipo) ausentes en la reunión, como era el caso de la jefa del abogado que supervisaría los trabajos.
El proceso será el siguiente:
A) Durante un periodo 15 a 20 días, aproximadamente, el equipo de abogados elaborarán una propuesta por escrito, fundamentalmente, acerca de la viabilidad jurídica de la reclamación, estableciendo el procedimiento de trabajo más adecuado a seguir, recopilando la información y documentos precisos de análisis. Así mismo, dicha propuesta fijará los honorarios (estos sí conocidos y cerrados) a percibir por su empresa, consecuencia del trabajo encargado. Durante este periodo le enviaremos alguna información más, aclarando y ampliando algunos puntos que se trataron en la reunión y otros nuevos.
B) Una vez presentada la propuesta, nosotros decidimos si aceptamos o rechazamos la misma. En el caso de parecernos conveniente se le comunica y comienza su labor de trabajo en profundidad sobre la materia objeto de análisis, procediendo a consignar la primera cantidad. Si los asociados aceptamos la propuesta se produce la contratación de servicios profesionales en los que la compañía se compromete a dos cosas:
1) La realización de un estudio legal para la elaboración de un informe jurídico escrito.
2) La redacción de la demanda judicial y la asistencia letrada de defensa legal ante los Tribunales de Justicia.
C) Terminado el periodo de análisis jurídico nos hacen entrega escrita del documento de informe señalado, en el que nos expresan la materia objeto de estudio, las conclusiones obtenidas, las posibles orientaciones legales que puede darse a la controversia y las distintas opciones de actuación, así como, las recomendaciones sobre la manera de proceder de entre todas las existentes y una estimación sobre las posibilidades de consecución de victoria judicial. Dentro del estudio vendrá puesto si cabe la posibilidad de que reclamemos una indemnización por daños y perjuicios, debido al retraso en la incorporación al ERE y en que Tribunal debemos presentar la demanda como consecuencia de que los afectados somos de toda España, aunque nos realizó un pequeño avance de que, muy probablemente, debería ser en la Audiencia Nacional.
Especialmente importante resulta destacar que si decidimos contratar los servicios profesionales de esta compañía nuestra obligación consiste en el pago de la cantidad total de 300 euros por persona con un volumen de interesados de 100 personas. Si somos más de 100 la cifra de pago por interesado se reduciría y si somos menos, lógicamente, aumentaría. Como primer paso, debemos realizar un pago del 50% de la cantidad total, que alcanzaría la cifra de 150 euros por persona, en el instante de la aceptación y firma de la propuesta. El resto, esto es, los otros 150 euros antes de comenzar el pleito, es decir, en el momento previo a la presentación de la demanda. Las cifras anteriores referente al pago (los 300 euros por persona) son necesarios. Nos habló de la posibilidad, facultativa para nosotros, de establecer un plus de incentivo profesional, vinculando dicho aumento de los honorarios fijos a la situación de victoria del pleito, mediante el establecimiento de un porcentaje, que podría oscilar entre el 10 y el 15 por ciento, con respecto a la cantidad percibida por el trabajador. Como se ha dicho, si nosotros no lo queremos lo podemos rechazar y no contratar. La compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) emitirá una factura del pago realizado a cada trabajador a los efectos de que pueda descontarse el gasto en la declaración de Hacienda en concepto contiendas legales con el empleador. La cantidad de pago de 300 euros totales no incluye el IVA a aplicar que, para este caso, es del 16%.
Conviene, especialmente, que los afectados menores de 52 años interesados en promover una acción de defensa judicial, hicierais una declaración de estar interesados en adheríos a esta acción (aún en proyecto) para saber cuantos somos y si podemos o no acometer este proyecto, teniendo en cuenta que para ello será necesario, insistimos, desembolsar la cantidad de 300 euros, en dos plazos, en una cuenta que abrirá la Asociación PRO24, ya que ésta será la encargada de la gestión de este asunto, realizando los trámites, en nombre de los interesados, con la empresa PricewaterhouseCoopers.
Particularmente queremos rogaros que le deis publicidad (el famoso y efectivo bis a bis) al asunto para que sepan de su existencia el mayor número posible de compañeros interesados en este tema.
Cuando, finalmente, conozcamos la propuesta la daremos a conocer con todos los datos precisos y convocaremos posteriormente una reunión para aclarar todos los puntos. Pero como se ha dicho habrá pocas modificaciones sobre lo indicado.
A la reunión asistimos Elena Domínguez, Pedro Pablo Aguado, José Luís Menéndez y Miguel Ángel García.
Saludos.
Miguel Ángel García
Presidente de PRO24.
El abogado conocía, relativamente, el asunto y nos pidió que le ilustrásemos algo más. Según su criterio (de lo analizado previamente y de lo completado en el desarrollo de la reunión), las posibilidades nuestras se concentran en demandar a la Empresa por considerar que se ha producido una situación de discriminación del colectivo de menores de 52 años formado por los que no han sido incorporados al ERE con respecto al grupo de los 62 menores de 52 años ya desvinculados de nuestra empresa. Esto se haría a través de un proceso que tutela los derechos fundamentales y que tiene prioridad de atención en los Juzgados y Tribunales, con respecto a otros asuntos, por lo que el tiempo en resolverse judicialmente el conflicto sería muy reducido (se habló de menos de tres meses). De cualquier manera, dicho abogado hizo una muy importante reserva en favor de estudiar el asunto en profundidad, por si existieran otras posibilidades más interesantes de actuación legal en la defensa de nuestros intereses. Él consideró que lo más adecuado sería la realización de un estudio jurídico y una vez terminado éste, proceder a entregarnos un informe legal donde se ratificase en el criterio que nos manifestó en la reunión o, finalmente, estableciera otro distinto si lo considerase más conveniente para nuestros derechos. También nos mencionó sobre la posibilidad de entablar varios procesos judiciales sucesivos y así comentó que reflexionarían sobre la conveniencia de promover, en primer lugar, un proceso de conflicto colectivo. En fin la conclusión es que la materia es muy compleja (a nosotros tres horas apenas nos dio para nada y gran parte de los asuntos quedaron pendientes de desarrollarse en próximos contactos) y requiere mucho trabajo, atención y reflexión. Nos dijo que la realización del mencionado estudio le ocuparía, aproximadamente, tres meses, aspecto éste, del que debemos hacernos idea sobre la dificultad del asunto.
Insistimos en que el abogado continuamente hacía reservas de que todo lo que decía tenía carácter lógico y racional, aunque provisional y de prejuicio y, por tanto, había que darle una importancia relativa porque una vez analizado el asunto exhaustiva y pormenorizadamente se podía llegar a otras conclusiones más convenientes, teniendo en cuenta, además, que en la elaboración del informe iban a participar otras personas (actuación multidisciplinar y en equipo) ausentes en la reunión, como era el caso de la jefa del abogado que supervisaría los trabajos.
El proceso será el siguiente:
A) Durante un periodo 15 a 20 días, aproximadamente, el equipo de abogados elaborarán una propuesta por escrito, fundamentalmente, acerca de la viabilidad jurídica de la reclamación, estableciendo el procedimiento de trabajo más adecuado a seguir, recopilando la información y documentos precisos de análisis. Así mismo, dicha propuesta fijará los honorarios (estos sí conocidos y cerrados) a percibir por su empresa, consecuencia del trabajo encargado. Durante este periodo le enviaremos alguna información más, aclarando y ampliando algunos puntos que se trataron en la reunión y otros nuevos.
B) Una vez presentada la propuesta, nosotros decidimos si aceptamos o rechazamos la misma. En el caso de parecernos conveniente se le comunica y comienza su labor de trabajo en profundidad sobre la materia objeto de análisis, procediendo a consignar la primera cantidad. Si los asociados aceptamos la propuesta se produce la contratación de servicios profesionales en los que la compañía se compromete a dos cosas:
1) La realización de un estudio legal para la elaboración de un informe jurídico escrito.
2) La redacción de la demanda judicial y la asistencia letrada de defensa legal ante los Tribunales de Justicia.
C) Terminado el periodo de análisis jurídico nos hacen entrega escrita del documento de informe señalado, en el que nos expresan la materia objeto de estudio, las conclusiones obtenidas, las posibles orientaciones legales que puede darse a la controversia y las distintas opciones de actuación, así como, las recomendaciones sobre la manera de proceder de entre todas las existentes y una estimación sobre las posibilidades de consecución de victoria judicial. Dentro del estudio vendrá puesto si cabe la posibilidad de que reclamemos una indemnización por daños y perjuicios, debido al retraso en la incorporación al ERE y en que Tribunal debemos presentar la demanda como consecuencia de que los afectados somos de toda España, aunque nos realizó un pequeño avance de que, muy probablemente, debería ser en la Audiencia Nacional.
Especialmente importante resulta destacar que si decidimos contratar los servicios profesionales de esta compañía nuestra obligación consiste en el pago de la cantidad total de 300 euros por persona con un volumen de interesados de 100 personas. Si somos más de 100 la cifra de pago por interesado se reduciría y si somos menos, lógicamente, aumentaría. Como primer paso, debemos realizar un pago del 50% de la cantidad total, que alcanzaría la cifra de 150 euros por persona, en el instante de la aceptación y firma de la propuesta. El resto, esto es, los otros 150 euros antes de comenzar el pleito, es decir, en el momento previo a la presentación de la demanda. Las cifras anteriores referente al pago (los 300 euros por persona) son necesarios. Nos habló de la posibilidad, facultativa para nosotros, de establecer un plus de incentivo profesional, vinculando dicho aumento de los honorarios fijos a la situación de victoria del pleito, mediante el establecimiento de un porcentaje, que podría oscilar entre el 10 y el 15 por ciento, con respecto a la cantidad percibida por el trabajador. Como se ha dicho, si nosotros no lo queremos lo podemos rechazar y no contratar. La compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) emitirá una factura del pago realizado a cada trabajador a los efectos de que pueda descontarse el gasto en la declaración de Hacienda en concepto contiendas legales con el empleador. La cantidad de pago de 300 euros totales no incluye el IVA a aplicar que, para este caso, es del 16%.
Conviene, especialmente, que los afectados menores de 52 años interesados en promover una acción de defensa judicial, hicierais una declaración de estar interesados en adheríos a esta acción (aún en proyecto) para saber cuantos somos y si podemos o no acometer este proyecto, teniendo en cuenta que para ello será necesario, insistimos, desembolsar la cantidad de 300 euros, en dos plazos, en una cuenta que abrirá la Asociación PRO24, ya que ésta será la encargada de la gestión de este asunto, realizando los trámites, en nombre de los interesados, con la empresa PricewaterhouseCoopers.
Particularmente queremos rogaros que le deis publicidad (el famoso y efectivo bis a bis) al asunto para que sepan de su existencia el mayor número posible de compañeros interesados en este tema.
Cuando, finalmente, conozcamos la propuesta la daremos a conocer con todos los datos precisos y convocaremos posteriormente una reunión para aclarar todos los puntos. Pero como se ha dicho habrá pocas modificaciones sobre lo indicado.
A la reunión asistimos Elena Domínguez, Pedro Pablo Aguado, José Luís Menéndez y Miguel Ángel García.
Saludos.
Miguel Ángel García
Presidente de PRO24.
